- Es prioridad máxima la recuperación de la igualdad de trato de los pacientes en el acceso a servicios y prestaciones y a la innovación terapéutica.
- Es urgente que se ponga fin a la cultura del “ahorro como sea”, heredada de la época de crisis, ya que pone en primer lugar el equilibrio presupuestario y posterga el valor de los resultados en salud.
- Es imprescindible analizar y valorar las múltiples medidas autonómicas de recorte, pues, con frecuencia, están descoordinadas y son dispersas, afectando de forma muy negativa los derechos de los pacientes.
- A estos efectos, deberían revisarse en profundidad y con transparencia las guías farmacoterapéuticas, protocolos, algoritmos, resoluciones, circulares, notas interiores, acuerdos de Comisiones hospitalarias y otros instrumentos similares.
- Es imprescindible resolver los problemas que generan las compras centralizadas en hospitales cuando no se tienen en cuenta que hay tratamientos en curso, que están dando buenos resultados. Para garantizar la continuidad de estos tratamientos, los gerentes deberían estar facultados para realizar compras singulares.
- Para los pacientes y sus asociaciones tiene máxima importancia que las administraciones sanitarias respeten estrictamente la normativa y la doctrina jurisprudencial que garantizan el libre ejercicio de la prescripción médica y el desarrollo adecuado de la relación médico – paciente.
- Resulta inaceptable la llamada prescripción por ordenador, que, en lugar de apoyar la prescripción médica, la sustituye automáticamente, sin autorización del médico ni información al paciente, eludiendo los derechos que el paciente tiene en función de la cartera de servicios del SNS.
- También merece un firme rechazo que, en determinados casos, por la vía de hecho, se imponga la prescripción por principio activo de medicamentos biológicos, en contradicción con lo dispuesto en las normas comunitarias y españolas.
- Asimismo, es inaceptable la sustitución automática de medicamentos biológicos en hospitales, al margen del médico y de la imprescindible información del paciente, a pesar de que ello puede dar lugar a riesgos indeseables.
- Es necesario que las políticas y la gestión autonómicas sobre medicamentos y productos sanitarios no se polaricen en el establecimiento de barreras burocráticas, que bloqueen a los pacientes el acceso a nuevas terapias y que contribuyen a la obsolescencia de equipos y de otras herramientas terapéuticas.
- Es preciso que los procedimientos de compra pública sean transparentes y estén abiertos a la información de las asociaciones de pacientes.
- Atendiendo al mismo objetivo de transparencia, habría que prever la representación de los pacientes, no solo en los Comités Éticos y en los de ensayos clínicos, sino también en las Comisiones de Farmacia y Terapéutica.
- Habría que hacer frente al déficit de datos para valorar resultados de los tratamientos. Para resolverlo, haría falta aprobar un marco regulatorio de los registros de pacientes.
- Las Administraciones sanitarias habrían de poner especial celo para garantizar la confidencialidad y la privacidad de datos, a efectos de gestión y de investigación.
- Habría que prever la participación de los pacientes en los órganos que aprueben las decisiones sobre precios y financiación de medicamentos y productos sanitarios.
- También las asociaciones de pacientes ven el desfase de la política de precios y financiación, que habría de reorientarse hacia las tendencias renovadoras que se desarrollan en los países de nuestro entorno y que ponen el acento en la orientación a los resultados.
- Asimismo, las administraciones sanitarias tendrían que ponderar mejor en sus decisiones el coste y la duración de los procesos, los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes.
- Para garantizar a los pacientes que las decisiones de compra pública de medicamentos y tecnologías responden al principio de equidad las administraciones deberían apostar por la medición de resultados y por la aplicación de indicadores y de criterios de valor social.
- Sería importante que las referidas decisiones se enmarcasen en una planificación estratégica y en un mapa de la innovación.
- La política de información sobre tecnologías y medicamentos es básica para que los pacientes puedan ejercer sus derechos de modo responsable.
- Razones de equidad y de igualdad territorial hacen imprescindible que terminen las grandes diferencias en la cuantía de financiación dedicada a Sanidad en las CC AA (de hasta 500 € per cápita / año), ya que ello acaba traduciéndose en recortes en el acceso a prestaciones y servicios.
- La cartera de servicios, su actualización periódica y la Alta Inspección del Estado son herramientas legales, previstas en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud cuya aplicación efectiva es una necesidad social y sanitaria de primer orden. El Ministerio de Sanidad habría de ejercer su liderazgo a estos efectos.
- Los medicamentos huérfanos, la Medicina Personalizada de Precisión y las Terapias avanzadas requieren políticas escrupulosamente respetuosas con las esperanzas y los derechos de los pacientes, en particular los de información y de consentimiento informado, y asentarse a partir de la relación individualizada con sus médicos.
- El objetivo de abaratamiento de estas terapias para extender su utilización podría compartirse, siempre que no sea a costa de reducir las garantías de las que debe estar revestida su aplicación.