El Ciclo Communis 2025 de iSanidad evidencia un consenso transversal sobre la necesidad de reforzar la predictibilidad, reducir inequidades y consolidar un sistema de evaluación que incorpore el valor integral de los medicamentos 

Aunque España avanza en la reducción de los tiempos para la financiación de medicamentos, el consenso entre los agentes del sistema es que la mejora no será sostenible sin procedimientos claros, una mayor coordinación entre niveles y una capacidad técnica reforzada. Esta es una de las principales conclusiones del Ciclo Communis Stakeholders, donde representantes del Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, industria farmacéutica, sociedades científicas, pacientes y evaluadores coincidieron en que el volumen actual de innovación exige un modelo más robusto, predecible y centrado en valor.

Desde el ámbito regulador, Sonia García, vocal asesora de la dirección General de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, subrayó el avance normativo. «Próximamente, el Real Decreto sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias será remitido al Consejo de Estado para su dictamen«. A pesar de la complejidad del proceso, señaló que el anteproyecto de Ley de medicamentos y productos sanitarios, aun habiendo recibido «un elevado número de alegaciones», «cuenta con una acogida general positiva».

Además, recordó que «el anteproyecto de Ley establece un plazo máximo de 180 días para la resolución de precio y financiación, lo que supone un objetivo ambicioso. Sin embargo, esto no implica que la resolución de financiación sea positiva», puesto que «se trata de una negociación entre dos partes y se debe llegar a un acuerdo entre la Administración y el laboratorio».

Sonia García (Ministerio de Sanidad): «El anteproyecto de Ley establece un plazo máximo de 180 días para la resolución de precio y financiación»

Sin embargo, desde las sociedades científicas se advirtió de que la normativa solo será efectiva si se acompaña de criterios claros y decisiones uniformes en todo el país. Cristina Avendaño, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), recordó que «la decisión de financiación debe ser única para todo el Sistema Nacional de Salud. Las comunidades autónomas no pueden reevaluar ni imponer nuevas restricciones». Además, subrayó la importancia de garantizar la equidad durante el periodo previo a la financiación. «Tiene que haber un criterio general de acceso precoz definido a priori», especialmente para aquellos pacientes que no pueden esperar.

La industria coincidió en ese diagnóstico y advirtió que no basta con fijar un límite temporal. Para Isabel Pineros, directora del departamento de Acceso de Farmaindustria, «establecer un plazo de 180 días es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de procedimientos y criterios que aporten la misma predictibilidad». La ausencia de metodologías definidas en la etapa nacional contrasta con la estructura europea, donde las compañías «disponen de un escenario previsible», con guías, etapas estructuradas y plazos definidos.

Cristina Avendaño (Facme): «La decisión de financiación debe ser única para todo el Sistema Nacional de Salud»

En paralelo, la capacidad técnica también condiciona la rapidez real del proceso. Carlos Martín Saborido, director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, advirtió que «hasta que la capacidad técnica no sea sólida, existe el riesgo de adoptar decisiones incorrectas» y que es necesario avanzar «con la mayor rapidez posible, pero siempre dando pasos firmes».

El acceso temprano actual genera inequidades y exige una redefinición

Uno de los puntos donde más coincidieron los participantes fue en la necesidad de revisar el modelo de acceso previo a la financiación. Actualmente, este proceso se basa en solicitudes caso por caso, lo que según coincidieron diversos perfiles genera desigualdades entre territorios.

Isabel Pineros (Farmaindustria): «Establecer un plazo de 180 días es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de procedimientos y criterios que aporten la misma predictibilidad»

En este sentido, Isabel Pineros expresó de forma clara que «el acceso individualizado que existe mientras se decide la financiación, cuando el medicamento aún no está comercializado, genera inequidades entre las comunidades autónomas. Es imprescindible avanzar hacia un modelo de financiación acelerada, con criterios claros donde el medicamento esté comercializado para todos los pacientes en España».

Desde la mirada de los pacientes, el diagnóstico es aún más contundente. Pilar Martínez, miembro del Foro Español de Pacientes alertó de que «la burocracia constituye una barrera real para los pacientes» porque hay medicamentos «cuya disponibilidad es inaplazable y no pueden quedar supeditados a procesos administrativos prolongados». Por ello, reclamó la implantación de «procedimientos acelerados que permitan resoluciones en un plazo máximo de tres meses para aquellos medicamentos esenciales».

Carlos M. Saborido (Isciii): «Hasta que la capacidad técnica no sea sólida, existe el riesgo de adoptar decisiones incorrectas»

Desde la perspectiva evaluadora, Carlos Martín Saborido coincidió en que el sistema actual retrasa innecesariamente la incorporación real a la financiación. Según indicó, «el acceso temprano caso por caso, cuando el medicamento aún no está comercializado, puede prolongar excesivamente esta etapa», por lo que debe sustituirse por «un modelo de financiación acelerada, condicional o no, con criterios claros sobre qué medicamentos pueden optar a ella».

Coordinación estatal y autonómica: clave para evitar duplicidades y retrasos

Las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo uno de los principales obstáculos para un acceso equitativo. María José Calvo, subdirectora General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, recordó la importancia de articular decisiones coherentes en todo el territorio y anunció medidas en marcha. En concreto, explicó que se está tramitando «un decreto para la creación de una comisión central de farmacia orientada a homogeneizar, de manera equitativa, el acceso a los medicamentos en situaciones especiales, garantizando la conversación entre los hospitales».

María José Calvo (Comunidad de Madrid):»Estamos tramitando un decreto para la creación de una comisión central de farmacia orientada a homogeneizar el acceso a los medicamentos en situaciones especiales»

En la misma línea, desde el ámbito evaluador se recalcó que la participación de las autonomías debe producirse desde el inicio del proceso. Carlos M. Saborido señaló que «para evitar reevaluaciones, es fundamental incorporar a las comunidades autónomas desde el inicio en los dominios no clínicos». Esto permitiría anticipar posibles problemas y evitar retrasos derivados de análisis duplicados.

A su vez, la fragmentación autonómica también impacta en la fase posterior a la financiación. Isabel Pineros insistió en que la fase regional debe «dejar de fragmentarse en diecisiete procesos distintos» para alinearse con el marco estatal y garantizar que los pacientes accedan a un medicamento financiado en igualdad de condiciones en todo el país.

Más allá del beneficio clínico: hacia un valor integral

Otro consenso relevante del encuentro fue la necesidad de evolucionar hacia un modelo que incorpore el valor integral de la innovación, incluyendo aspectos clínicos y no clínicos. Los participantes coincidieron en que la evaluación debe reflejar no solo eficacia y seguridad, sino también el impacto organizativo, social, económico y ambiental. Así lo expresó Carlos M. Saborido, al recordar que «los dominios económicos, legales, organizativos, sociales y ambientales deben evaluarse conjuntamente con los clínicos para reflejar plenamente el valor de la innovación».

Pilar Martínez (FEP): «La burocracia constituye una barrera real para los pacientes»

Las sociedades científicas coinciden en esta visión. Cristina Avendaño recordó que «la calidad de vida forma parte de la evaluación clínica. Es una variable clínica por excelencia en la evaluación de la eficacia y de la efectividad. No debemos centrarnos solo en los años de vida ganados, sino también en la prevención y la mejora de la salud». Además, reclamó que las decisiones de financiación «deben ser motivadas y transparentes» para que médicos y pacientes comprendan las restricciones aplicadas.

Los pacientes, por su parte, insisten en ampliar el foco. Pilar Martínez defendió que «el sistema debe orientarse al paciente, valorando su calidad de vida, su autonomía y el impacto socioeconómico de cada tratamiento», así como la integración sistemática de PROMS y PREMS como criterios de valor.

En este enfoque más amplio, también desde la gestión sanitaria se reivindica una mayor implicación de todos los agentes. Como recordó José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), «la participación activa de los pacientes en la gestión y en la toma de decisiones sobre los recursos es fundamental. La corresponsabilidad mejora la eficiencia y la equidad».

José Soto (Sedisa): «La agilidad en la toma de decisiones y la evaluación periódica del sistema son esenciales para mejorar resultados»

También las comunidades autónomas reclamaron herramientas que permitan medir el valor en la práctica clínica. María José Calvo destacó que los acuerdos de financiación con pago por resultados «son muy útiles para reducir la incertidumbre y mejorar la información sobre la efectividad real de los medicamentos».

El debate puso de manifiesto una tendencia común entre todos los agentes: la necesidad de evolucionar hacia procedimientos más claros, predecibles y coordinados. Como señaló José Soto, el reto consiste en «aumentar el valor de nuestras prestaciones, no el precio», lo que exige «agilidad en la toma de decisiones y evaluación periódica».

Las intervenciones de los participantes apuntaron a un marco con reglas claras, tiempos definidos y una coordinación efectiva entre administraciones. El énfasis en la capacidad técnica, la participación de los pacientes y la homogeneidad territorial se repitió como condición necesaria para que la innovación llegue en tiempo y forma a quienes la necesitan, especialmente en un contexto de terapias avanzadas y alta incertidumbre.